POLÍTICA DE DROGAS

La política de drogas se organiza a escala planetaria a partir de las Convenciones de las NN.UU del año 1961, enmendada con el protocolo de 1972) ; la de 1971 y de 1988. En ellas se establecen las prohibiciones, básicamente todo uso no médico o científico de cualquier drogas; las listas de sustancias que van a estar bajo control (son 4 listas) y los objetivos de lucha contra el narcotráfico como el principal germen de terror del Estado moderno: la corrupción.

Estas, junto al desatino del presidente Nixon, desataron en los guerra contra las drogas, que ha significado una matanza indeterminada de personas en los países productores de drogas: México, Colombia, Afganistán además de penas desproporcionadas contra crímenes menores asociados a la ley de drogas como la pena de muerte (filipinas, malasia).

Pero el escenario es complicada. Existen también las Convenciones de DD.HH, programadas desde las atrocidades de los Nazis y de la ciencia positivista descontrolada (Tuskegee) que se traducen en una serie de declaraciones y derechos que claramente se contraponen al rígido control de las convenciones de drogas, entre ellas, el acceso al más alto nivel de salud de la persona.

En el ordenamiento internacional existe un continuo de legalidad - descriminalización-despenalización-penalización-ilegalidad para las drogas. Siendo el tabaco, por ejemplo, una droga legal en Chile y la marihuana despenalizada en Amsterdam (red light).

Nuestra ONG busca obtener mejores normas de regulación del consumo de drogas. Pensamos que al menos se debería despenalizar el cultivo de cannabis sativa y profundizar la despenalización de la tenencia y porte de todas las drogas para fines recreacionales. Pensamos que la prohibición solo fomenta el mercado negro, que es el más des-regulado de todos los mercados y que solo ajusta su oferta a la disposición de dinero.

Creemos que una política de drogas debe estar basada en la lógica de la salud pública y en los Derechos Humanos. Una lógica sanitaria es la de Reducción de daños, donde el foco no se pone en la prohibición del consumo sino en la disminución de efectos secundarios, sean estos de la calidad o de acceso o de violencia. Incluye efectos policiales.

En Chile tenemos el Servicio Nacional de Drogas y Alcoholes (SENDA) organismo dependiente del ministerio del Interior que se hace cargo de la política preventiva desde una lógica algo conservadora, al lindar estrechamente con la línea de seguridad interior del Estado.

La ley de drogas en Chile es la ley 20.000 y su reglamento se encuentra en el decreto 867 de 2007 del ministerio del interior. Numerosas iniciativas han intentado enmendar esta ley, desde el proyecto de los senadores Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber en 2012, hasta el proyecto de los diputados Juan Luis Castro y Karol Cariola que pretende instaurar la autorización del SAG a la receta médica como requisito para plantar. Sin el apoyo del poder ejecutivo, es difícil que un proyecto logre prosperar en la cámara, a menos que el consenso parlamentario sea mayoritario.

Comprendiendo que en el uso de drogas es una realidad ampliamente extendida en nuestra sociedad y que los modelos prohibicionistas no han hecho más que estigmatizar a los usuarios y aumentar los presos por crímenes menores a la ley de drogas, es necesario abordar el tema desde nuevos paradigmas que incluyan el respeto a los derechos humanos y la reducción de daños.